El vicealcalde informó que el responsable del Municipio sigue siendo Jorge Yunda hasta que se notifique oficialmente la remoción o agoten instancias.
Esta mañana, en rueda de prensa, el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, pidió a los representantes del Municipio que se abstengan de realizar contratos, pagos o transferencias de última hora porque podrían causar algún perjuicio. También informó que mientras no se agoten todas las instancias legales el alcalde de Quito sigue siendo Jorge Yunda.
Las declaraciones las brindó desde su despacho en el Palacio Municipal, en el centro de Quito. “Yo sigo siendo vicealcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el que tiene la responsabilidad de la administración es el alcalde removido, él sabrá si presenta la renuncia o no”, añadió.
Esto, para aclarar a la ciudadanía que todavía no se posesiona un nuevo alcalde hasta que se agoten todas las instancias. “Si el alcalde removido no hace uso de la consulta al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), ahí la subrogación será automática, mientras tanto no”, enfatizó.
Hizo un llamado a todos los secretarios y gerentes de empresas municipales a continuar con sus funciones dentro de la ley ya que el Municipio no puede detenerse. Pero que se abstengan de realizar contrataciones o pagos mientras se establece una transición.
Esto, con el fin de “evitar contrataciones, pagos a contratos o transferencias a última hora”, dijo Guarderas, “quien tendrá la responsabilidad sobre las decisiones de lo que pase en estos días seguirá siendo Jorge Yunda”.
Sobre el recurso que tendría Yunda en el TCE, dijo que este organismo responderá si acepta o no la consulta a la legalidad del proceso. Es decir, solo decidirá si se actuó dentro de lo establecido en la normativa durante el proceso.
Jorge Yunda tiene una instancia final en el TCE sobre su pedido de remoción
También confirmó que se tomarán acciones legales en contra de Marcelo Hallo, denunciante que retiró su pedido de remoción en la sesión del pleno del Concejo. Puntualizó que se verá la posibilidad de denunciar por un abuso de derecho y buscar si ingresa también un posible fraude procesal. (I)
