Sectores acusan al gobierno de Daniel Ortega de romper la democracia.
A menos de cinco meses de las elecciones generales, en las que el presidente del país, Daniel Ortega, busca una nueva reelección, los allanamientos, detenciones, órdenes de captura y citas judiciales contra líderes políticos opositores, empresarios y periodistas independientes continúan en Nicaragua.
En las últimas 24 horas, el Ministerio Público ha ordenado detener a Humberto Belli, hermano de la poetisa y escritora nicaragüense Gioconda Belli, y al empresario Gerardo Baltodano Cantarero, hermano del general en retiro Álvaro Baltodano, delegado presidencial para fomento de las inversiones.
La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, allanó la noche del jueves sus domicilios, donde no se hallaban, según denunciaron sus familiares.
Belli, autora de la novela “El país de las mujeres”, ganadora del Premio Latinoamericano de Literatura La Otra Orilla 2010, confirmó a través de un tuit que su hermano, que fue ministro de Educación en el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), abandonó el país.
“En otro país mi hermano habría ido a la Fiscalía a defender su inocencia, pero en este, donde te condenan sin razón, ni juicio, hizo bien en prevenir e irse del país. Segundo exilio suyo. Triste”, señaló.
Empresarios
Otro empresario, Roberto Martino Salvo Horvilleur, compareció ante la Fiscalía como parte del “proceso de investigación” contra la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), indicó el Ministerio Público en una declaración.
La Fiscalía abrió una investigación contra el Funides, un centro de pensamiento independiente, ligada al precandidato presidencial opositor Juan Sebastián Chamorro, que se encuentra encarcelado.
La investigación contra el Funides y sus juntas directivas es “por haber recibido recursos económicos financiados por fuentes extranjeras”, señaló el Ministerio Público.
También “por tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”, para lo cual citan la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre pasado.
Por ese caso, una jueza nicaragüense ordenó levantar el secreto bancario, inmovilizar las cuentas y prohibir la salida de Nicaragua a 13 empresarios.
Periodistas
Además del Funides, la Fiscalía investiga a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, que dirigió la periodista y aspirante presidencial Cristiana Chamorro.
Sobre esa ONG, la Fiscalía informó que citó a los periodistas Donaldo Hernández, de la Voz de América (VOA); a Lester Arcia, del portal digital IP Nicaragua, y a Digna Bendaña, “quienes contestaron las preguntas que se les realizaron y luego de firmar el acta, se retiraron”.
“Las personas que han sido citadas y que seguiremos citando, son aquellas vinculadas con las Fundaciones Violeta Barrios de Chamorro, Funides o con todas aquellas personas que se encuentran en calidad de investigadas por tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”, puntualizó el Ministerio Público, que anunció seguirá “realizando las diligencias investigativas que sean necesarias”.
Chamorro, hija de la exmandataria Barrios de Chamorro (1990-1997), y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre, se encuentra bajo arresto domiciliar desde hace dos semanas acusada por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.
Solidaridad internacional
Por ese caso, la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a más de una veintena de periodistas, y también al escritor, novelista y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado.
Ramírez, premio Cervantes 2017 y vicepresidente durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) y ahora crítico de Ortega, hizo un llamamiento este viernes a la “solidaridad internacional” ante la ola de allanamientos, detenciones y órdenes de captura contra dirigentes opositores y empresarios, que ha recibido la condena de la OEA, Estados Unidos y de la Unión Europea.
La Policía de Nicaragua mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, a quienes los acusa de “traición a la patria”.
Además, a dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos excolaboradores de una ONG que han sido detenidos en las últimas dos semanas bajo la acusación de diversos delitos.
El agravamiento de la crisis política incluso llevó este mismo viernes a cerca de una veintena de congresistas de EE.UU. a presentar un proyecto de ley bipartidista que urge a revisar el Tratado de Libre Comercio suscrito con Nicaragua ante la “violenta represión” contra la oposición al Gobierno.
Las detenciones de opositores se dan a falta de cinco meses para las elecciones generales de Nicaragua, que se celebrarán el próximo 7 de noviembre, en las que Ortega, en el poder desde 2007, busca una nueva reelección. (I)
