Mario Conejo, alcalde de Otavalo, anunció a título personal sin previa consulta al concejo o convocar plebiscito que este cantón abandonará Movildenor.
Otavalo, Imbabura
Cuatro de seis funcionarios de la Mancomunidad de Tránsito del Norte (Movildenor) siguen en poder de los comuneros de la Chuchuquí Alto, en Otavalo, desde el jueves pasado. El último liberado dio positivo para COVID-19.
Se trata del jefe operativo del Distrito Sur de Otavalo, Javier Velasco, quien fue entregado la noche del último domingo tras ser sometido a una prueba rápida y que hoy luego de efectuarle un nuevo diagnóstico en el hospital San Luis de Otavalo se confirmó el contagio. La tarde del último viernes, Gabriela Carrillo, agente de tránsito y la única del grupo, fue sometida a la denominada justicia indígena y también quedó en libertad.
Hay temor en los familiares de los cuatro restantes operadores de control de tránsito que estén contagiados, más aún cuando continúan en esa jurisdicción bajo el resguardo de un comité de seguridad comunal.
Ante la fallida reunión pública, los comuneros de varios sectores rurales de este cantón decidieron realizar una marcha desde este sitio hasta el Municipio de Otavalo, con la finalidad de dialogar con el alcalde Mario Conejo sobre el tema Movildenor.
La lluvia no fue un obstáculo para que más de 800 indígenas arriben hasta el pretil municipal, donde pidieron la salida de Movildenor de sus territorios. Manuel Catucuago, presidente de la Federación Indígena y Campesino de Imbabura (FICI), lamentó que las comunidades hayan tenido que movilizarse hasta la Municipalidad.
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El dirigente explicó que han tratado de solucionar el conflicto que surgió tras el incidente provocado el pasado jueves por agentes civiles de tránsito, quienes vienen -según él- promoviendo acciones de persecución a los conductores de estos poblados.
Catucuago insistió en que el personal no está secuestrado sino que la comunidad sigue el debido proceso sobre la denuncia de un comunero que asegura haber sido vulnerado en sus derechos.
“Están en resguardo hasta que se solucione el problema suscitado y por el abuso causado por los agentes de tránsito, proceso que está en marcha, por lo que hemos solicitado la presencia de los alcaldes y autoridades de Movildenor, para hacer la entrega, pero ellos no han llegado”, agregó.
La asamblea manifestó su malestar con los servidores públicos porque han pasado cinco días y las autoridades no han ido a la comunidad a fin de escuchar a la gente y la propuesta de ese sector.
“Ya que no viene el alcalde, vamos hasta la Municipalidad para que escuche el clamor de la gente, que no quiere la presencia de los agentes de tránsito, ni de Movildenor”, expresó Catucuago, en la plaza mayor de Otavalo.
Mientras, Mario Cornejo, alcalde de Otavalo, quien fue convocado esta mañana a una asamblea comunal en el estadio de Chuchuquí, anunció a título personal sin previa consulta al Concejo municipal o convocar a un plebiscito ciudadano que este cantón lo abandonará Movildenor.
Para la concejala Paolina Vercoutere, una probable salida de Movildenor debe ser consultada al cabildo, exigir informes económicos sobre la empresa pública, y tener claro cómo recuperarán la competencia de tránsito o quién la asumirá a futuro.
Su colega Aida Marcillo sostiene que una posible desvinculación debe ser elevada a consulta a nivel nacional. Las dos autoridades concuerdan que tras la pandemia las normas y sanciones en la ley de tránsito debieron ser sensibles ante la crisis que vive la población.
Hasta las 17:00 de este lunes 7 de junio, los cuatro empleados de Movildenor aún continúan en Chuchuquí Alto, en el cantón Otavalo. (I)
