Para frenar este delito, los vehículos distribuidores serán militarizados.
Los bloqueos en carreteras colombianas, debido al paro en ese país, ha generado desabastecimiento de gas doméstico en las ciudades fronterizas, por la obstrucción al sistema de distribución y comercialización.
Por este hecho se ha incrementado el contrabando del carburante entre Tulcán y varias poblaciones de Nariño (Colombia), donde el GLP subsidiado ecuatoriano alcanza un valor de 70 mil pesos; es decir 20 dólares, provocando desabastecimiento en la capital carchense.
Las pesadas bombonas nacionales son transportadas de forma irregular en acémilas, motos y por personas, cruzando trochas y ríos, hasta colocarlas en territorio colombiano, tras extenuantes recorridos que dejan a los denominados pasadores unos 10 dólares por unidad.
Las autoridades de Ipiales denunciaron que organizaciones se dedican al contrabando de combustibles. Incluso, trasvasan manualmente el derivado de los cilindros ecuatorianos a los colombianos.
Agentes policiales hallaron en Ipiales a personas reenvasando el gas ecuatoriano en cilindros colombianos. Según los uniformados, este proceso se efectúa sin condiciones técnicas de seguridad, lo que representa peligro para quienes manipulan estos objetos.
Los lugares donde se desarrolla este proceso ilegal son impenetrables para las fuerzas del orden, porque en más de una ocasión han sido atacadas por los vecinos.
La emergencia es aprovechada por los contrabandistas, que en complicidad con los distribuidores dejan desprovista a Tulcán, creando malestar en la población que demanda la intervención de la Gobernación de Carchi y autoridades de control.
Javier Villarreal, responsable de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero en Carchi e Imbabura, anunció que para frenar el contrabando los vehículos distribuidores serán militarizados.
La intención es evitar que los defraudadores lleguen a los sitios donde se realiza la repartición, donde protagonizan aglomeraciones e incidentes que han terminado en enfrentamientos, ya que exigen a la fuerza la venta de los cilindros, cuya comercialización en la frontera es restringida. (I)
