Los afectados enfrentan procesos legales, allanamientos y control policial.
Desde la oposición denuncian que en recientes semanas el Gobierno del presidente Daniel Ortega está realizando acciones para socavar la legitimidad de la oposición con el fin de mantenerse en el poder.
De acuerdo con publicaciones del diario nicaragüense La Prensa, líderes opositores y medios están siendo acosados por el Estado.
Dos precandidatos presidenciales de oposición, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, están sitiados por la policía en sus residencias. El primero de ellos dijo que al querer salir a misa le dijeron que no podía porque “incita a la violencia”.
Otras figuras de la oposición también denunciaron que sus hogares estaban rodeados por policías.
Además, otra aspirante, Cristiana Chamorro, dijo este viernes que las acusaciones de las autoridades en su contra, por presunto lavado de dinero, reflejan el “horror” que el presidente Ortega tiene a una competencia opositora en los comicios de noviembre, recoge AFP.
“Daniel Ortega le tiene miedo al pueblo de Nicaragua, ese es el hombre que está muerto de horror, porque (sabe que) nosotros unidos vamos a derrotarlos en la próximas elecciones”, afirmó la opositora, tras ser interrogada durante más de tres horas por funcionarios de la Fiscalía (Ministerio Público) en Managua.
La Fiscalía abrió el viernes una investigación contra Chamorro, de 67 años, un día después de que el Ministerio de Gobernación (Mingo) la citara sorpresivamente para responder por supuestas “inconsistencias en los reportes financieros” de la fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización promotora de la libertad de expresión que dirigió entre 2015 y 2019.
Según Gobernación, entidad gubernamental que controla las oenegés, en los informes presentados por la fundación se encontraron “claros indicios de lavado de dinero” que deben ser investigados por la Fiscalía.
En Nicaragua, toda persona bajo investigación fiscal tiene vetada la participación en cargos sujetos a elección.
Chamorro rechazó las acusaciones: “Es una incriminación injusta, una monstruosidad jurídica lo que se está montando en contra de esta ciudadana por el delito de haber dicho que quiere servir a los nicaragüenses” como candidata presidencial.
Según un sondeo realizado en enero por la firma Cid Gallup, Cristiana Chamorro, quien no milita en ningún partido, es la figura opositora más relevante —con un 13,3% de las preferencias— para enfrentar al partido de Gobierno de Ortega, en el poder desde el 2007.
“Siento que (esta investigación) es para intimidar a toda Nicaragua, es una citatoria con la que están atentando contra el derecho de los nicaragüenses a votar en las próximas elecciones”, dijo la opositora, quien instó a la oposición a unirse para enfrentar al gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda).
Los sandinistas no descartan postular a Ortega, un exguerrillero de 75 años, para un cuarto mandato sucesivo en las elecciones generales del 7 de noviembre.
Chamorro dijo que la Fiscalía, controlada por funcionarios afines al Gobierno, no le informó cuánto tiempo durará la investigación ni qué es lo que tienen en su contra, además de no permitir el ingreso de sus abogados.
“No sé lo que tienen en sus manos (…). Aquí estamos muchachos. Fuera de ley, ellos hacen lo que quieren”, advirtió Chamorro, quien ha dicho que está dispuesta a cooperar para “desenmascarar esta farsa”.
Chamorro llegó al Ministerio Público acompañada de varios opositores que gritaban “¡libertad!” y “¡si tocan a Cristiana, nos tocan a todos!”.
El bloque opositor Coalición Nacional (CN) dijo en un comunicado que “la dictadura de Daniel Ortega ha demostrado, una vez más, su naturaleza totalitaria”.
CN también denunció el allanamiento de la casa del periodista Carlos Fernando Chamorro y de los medios Confidencial y Esta Semana.
“Sin ninguna orden judicial, policía secuestró computadoras, cámaras y equipos de edición de televisión, y se llevaron decenas de cajas con documentos”, dijeron en Confidencial.
“Con estas acciones y con la represión que mantiene, la dictadura pretende intimidar a la población y a las organizaciones opositoras. Pretende desmovilizarnos y reforzar las condiciones para que las elecciones de noviembre sean bajo la bota del terror de su Policía, de las instituciones del Estado y de sus grupos paramilitares. En ello se inscribe también el despojo de las personalidades jurídicas al Partido Restauración Democrática (PRD), miembro de la Coalición Nacional, y al Partido Conservador”, añade CN.
La Unión Europea y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana condenaron la situación y piden al Estado respetar el derecho de los ciudadanos del país a unas elecciones libres. (I)
