Organismo recordó que el Estado debe articular «medidas eficaces» para controlar el incremento de los índices delictivos.
30 de noviembre, 2021 – 17h39
El pleno de la Corte Constitucional declaró constitucional la renovación de 30 días del Decreto Ejecutivo 224 del 18 de octubre del 2021, en el que el presidente de la República, Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción por grave conmoción interna en nueve provincias del país.
Respecto al Decreto Ejecutivo 224, semanas atrás, la Corte previamente realizó observaciones y redujo el tiempo de la medida a 30 días, hasta las 23:59 del jueves 18 en las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos. Ese mismo día, a través del Decreto Ejecutivo 257, el presidente renovó por 30 días más el estado de excepción en esas mismas jurisdicciones.
En sesión del lunes pasado, el organismo ratificó el contenido del dictamen N.º 6-21-EE/21 del 3 de noviembre del 2021, respecto a la constitucionalidad de las medidas tomadas en el marco de la renovación del presente estado de excepción.
Para ello, las Fuerzas Armadas se mantendrán exclusivamente con funciones complementarias a las de la Policía Nacional, “siempre que se encuentre suficientemente justificada su intervención y esta respete el principio de proporcionalidad”.
La Corte aclaró: “Aún cuando no se haya dispuesto la suspensión o limitación de algún derecho constitucional, la Corte Constitucional se encuentra plenamente facultada para ejercer el control automático y posterior de los estados de excepción, a efectos de dictaminar la constitucionalidad formal y material, tanto de la declaratoria como de las ‘medidas’ que se adopten con fundamento del mismo”.
Una vez culminado este nuevo periodo de estado de excepción, la Corte dispuso que el presidente remita las medidas concretas adoptadas para superar la crisis por el aumento de actos delictivos, medidas que se adoptarán a corto, mediano y largo plazo a fin de fortalecer el sistema de seguridad interna del Estado.
Asimismo, la entidad recalcó que es deber del Estado ecuatoriano “articular y adoptar las medidas oportunas y eficaces” previstas en el régimen ordinario con el propósito de superar las barreras estructurales que derivan en los problemas del incremento de los índices delictivos.
El pasado lunes, el presidente Guillermo Lasso volvió a renovar el estado de excepción en el sistema carcelario por 30 días más ante los continuos enfrentamientos suscitados en los complejos penitenciarios del país. (I)
