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Delfín Quishpe, alcalde de Guamote, es llamado a juicio por el presunto delito de tráfico de influencias | Seguridad | Noticias

El funcionario es investigado por un aparente sobreprecio en la adquisición de insumos médicos para enfrentar la pandemia.

Redacción-Ambato

El alcalde de Guamote, Delfín Quishpe, y otras tres personas fueron llamadas a juicio por el presunto delito de tráfico de influencias.

Fernando Cabrera, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, realizó el dictamen este lunes 31 de mayo.

Quishpe será enjuiciado por el supuesto delito de tráfico de influencias en la compra de insumos de bioseguridad durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Según la Fiscalía, estos insumos habrían sido adquiridos con un aparente sobreprecio.

El presidente de la Corte también dispuso auto de llamamiento a juicio en contra de Iván M. y Segundo P., funcionarios del GAD municipal, y Rafael Q., contratista, por su presunta participación en el delito investigado.

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la decisión del juez se adoptó con base en los elementos de convicción presentados por la fiscal provincial encargada de Chimborazo, María Esther Cahuana.

De acuerdo a los elementos recabados, según la Fiscalía, se presume un sobreprecio en la compra de insumos de bioseguridad y que dicha transacción habría favorecido a Rafael Q. por un monto de $ 96.608 más el impuesto al valor agregado (IVA).

En la audiencia, la fiscal provincial de Chimborazo (e) anunció las pruebas que presentará durante el juicio, entre esas se incluyen certificaciones del portal de compras públicas, informe pericial de contratación pública (procesos de compra otorgados en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19), informe con indicios de responsabilidad penal (IIRP) levantado por la Contraloría General del Estado, además de versiones de funcionarios del municipio y de otros proveedores.

Según la investigación de Fiscalía, los precios señalados en dicho contrato no serían concordantes con los del mercado.

El presidente de la Corte ratificó las medidas cautelares como prohibición de salida del país, de enajenar bienes y la presentación periódica ante la autoridad competente cada quince días. Estas medidas cumple el alcalde desde septiembre del 2020. (I)

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