InicioActualidadesAgentes de tránsito están retenidos por más de 50 horas en comunidad...

Agentes de tránsito están retenidos por más de 50 horas en comunidad de Imbabura; no los quieren devolver | Ecuador | Noticias

Una mujer, parte del grupo, fue liberada tras ser sometida a la justicia indígena. Todo ocurrió tras detener a un carro que hacía fletes informales, se dijo.

Otavalo

Cinco de seis funcionarios de la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movildenor) fueron retenidos la noche del jueves 3 en Chuchuquí Alto, en Otavalo (Imbabura), y hasta el cierre de esta edición continuaban en poder de la comunidad.

Gabriela Carrillo, de 26 años, agente civil de tránsito y la única mujer en el grupo, fue sometida a la denominada justicia indígena, en medio de un interrogatorio y de la firma de un documento en el que se comprometió a no interponer una denuncia ante la justicia ordinaria. Ella fue entregada a sus familiares la tarde del viernes.

El problema surgió tras la detención de un automotor particular que realizaba transporte informal en el sector, algo que encendió los ánimos de la gente y provocó la retención de los agentes, de un funcionario y del vehículo. La comunidad califica a los operativos como actos de persecución premeditada.

Un video muestra cuando el vehículo institucional al retornar a Ibarra, llevando el carro aprehendido, es alcanzado y bloqueado por varios automotores en la Panamericana, a la altura de Espejo. Ahí, con varios objetos los indígenas golpean la unidad de la empresa pública, exigiendo que bajen los ocupantes. Minutos más tarde son llevados a Chuchuquí.

Fallida mediación

Hasta el lugar llegó un concejal municipal y el coordinador de Movildenor, Steve Amores, con la finalidad de mediar, siendo también retenidos. Luego solo liberaron al edil. Los comuneros a través de una transmisión en vivo que realizó radio Ilumán dijeron que los funcionarios no fueron secuestrados sino retenidos.

Movildenor en un comunicado que emitió, el viernes, denunció que los comuneros de ese sector presuntamente secuestraron a funcionarios y bienes institucionales, y reprochó este hecho al que tildan de ilícito e inaceptable, que viola el orden público y trasgrede los derechos civiles de sus funcionarios, afectando su integridad, se expuso.

En Cotopaxi, comunidad sometió a justicia indígena a presuntos ladrones y quemaron un automóvil en el que se movilizaban

Los ejecutivos de Movildenor informaron que interpusieron la denuncia correspondiente en la Fiscalía para determinar responsables y sanciones y pidieron la intervención de las autoridades policiales.

Linda Calagudín, moradora de Chuchuquí Alto, acusó a los taxistas de denunciar a los informales a Movildenor y de haber colocado una trampa al conductor informal que fue sorprendido llevando una pasajera, algo que encendió el ambiente, más aún cuando aseguran estar cansados del mal trato y los altos costos que cobra el taxismo.

Manuel Catucuago, presidente de la Federación de Comunidades Indígenas de Imbabura, quien intentó solucionar el impase exhortó a los 15 alcaldes de los cantones, que son parte de la mancomunidad, para que termine la persecución y que los agentes se conviertan en educadores de la población.

Se insiste en aplicar justicia indígena a quienes interfieran en fiestas del Pawkar Raymi, en Peguche

Catacuago confirmó que la retención se produjo porque un vehículo particular habría estado movilizando una persona a cambio de dinero, insistiendo los pobladores que se trató de una celada.

Carrillo, para ser liberada fue interrogada púbicamente, respondiendo que cumplían con su trabajo, que en ningún momento ingresaron a ninguna comunidad, que está bien de salud, pero dijo que fue golpeada con piedras y una llave de ruedas por comuneros.

La resolución que fue firmada por la agente Gabriela Carrillo señala que para no vulnerar los derechos de la mujer se deja en plena libertad y se la entrega a los familiares, previa valoración médica.

Este sábado, Armando Paillacho, alcalde de Huaca y presidente de Movildenor, pidió la inmediata liberación de los funcionarios que están por más de 50 horas retenidos en contra de su voluntad. Ellos son: Andrés Padilla, Óscar Sevillano, Marco Ramírez, Javier Velasco y Steve Amores.

El burgomaestre pidió a las autoridades competentes intervenir de forma emergente ante este atropello, precautelando la vida e integridad de sus subalternos. Para Paillacho se trata de un claro delito. Según él, se pretende, con exigencias que violentan la ley, justificar la ilegalidad con acciones que calificó como repudiables y que rechaza rotundamente. (I)

Artículos relacionados